Expertos mexicanos rechazan impuesto a videojuegos violentos: lo consideran absurdo y sin base científica
Una propuesta del Paquete Económico 2026 en México, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, plantea aplicar un impuesto del 8 % a los videojuegos clasificados como violentos, extremos o para adultos. Esta medida ha generado rechazo entre varios investigadores, científicos y organizaciones defensoras de los menores, quienes aseguran que el impuesto carece de fundamento sólido, no resolverá la violencia juvenil y podría perjudicar más que ayudar.
¿Qué opinan los especialistas?
Felipe Gaytán Alcalá, investigador de la Universidad La Salle, señala que imponer un gravamen sobre los videojuegos violentos es una respuesta simplista a un problema complejo como la violencia juvenil. Según él, los videojuegos reflejan condiciones sociales, culturales y económicas, pero no causan violencia per se.
Feggy Ostrosky, neuropsicóloga de la UNAM, también coincide en que los videojuegos no inducen violencia directamente. Reclama que se debe tener especial cuidado con menores de edad, dado que su capacidad para distinguir entre ficción y realidad podría no estar plenamente desarrollada, pero insiste en que el entretenimiento interactivo no genera tendencias criminales.
Representantes de organizaciones de defensa infantil como Tejiendo Redes Infancia opinan que más allá de imponer una carga económica, lo relevante es la supervisión y orientación por parte de los padres o tutores. Para ellos, regular con impuestos no aborda las causas reales de problemas como el crimen o la agresividad en jóvenes.
Críticas centrales y puntos debatidos
No se ha encontrado evidencia contundente que relacione de forma causal los videojuegos violentos con el incremento del crimen. Muchos científicos advierten que correlación no es sinónimo de causalidad.
Se argumenta que la medida podría penalizar a la industria de videojuegos, afectar a consumidores, y reducir el acceso al entretenimiento, sin resolver los factores estructurales que suelen estar detrás de la violencia: pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, problemas familiares, etc.
También se señala que más efectivo sería educar sobre el uso responsable, reforzar la supervisión parental, asegurar entornos seguros, así como invertir en políticas sociales que atiendan las raíces del problema, en lugar de gravar el entretenimiento.
Posibles consecuencias si el impuesto se aprueba
Aumento en los precios de videojuegos violentos o clasificados para adultos, lo que podría generar mayor descontento entre consumidores y jugadores habituales.
Potencial disminución del mercado para ciertos desarrolladores, especialmente del segmento indie, que podrían ver sus productos menos accesibles si los impuestos elevan demasiado los precios.
Riesgo de fomentar la piratería o el mercado informal si los costos legales suben y el acceso se vuelve más difícil.
Debate legal y social sobre cómo definir “violencia extrema” en videojuegos, qué criterios usar, quién los determina, etc., lo que puede generar incertidumbre tanto para creadores como consumidores.
